El cacique de Orense

No hemos cambiado prácticamente nada desde la España de la Restauración Borbónica, iniciada en 1875, cuando Cánovas del Castillo y Sagasta organizaron el conocido como turno de partidos o alternancia política, que aseguraba el sistema político liberándolo de temidos pronunciamientos militares, y que se alargó hasta 1923, cuando el general Primo de Rivera dio el suyo propio imponiendo su dictadura suigéneris. No solamente estamos igual en cuanto a ese cambio pacífico de la derecha y la izquierda vía urnas, sino en cuanto al sistema caciquil que fue la base que sustentó electoralmente esa etapa de nuestra historia moderna.

Y esto me viene a la cabeza leyendo la reciente noticia de que al expresidente popular de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, se le ha presentado una querella de prevaricación continuada por enchufar ni más ni menos que a 104 personas para aupar a su hijo a la presidencia de la Diputación y así continuar per secula seculorum el patriarcado familiar. Los trabajadores eran contratados de forma irregular a cambio de que presuntamente votaran a favor de su hijo en el congreso del PP que se celebraría para elegir nuevo presidente de la Diputación. Unos puestos de trabajo que por supuesto eran otorgados saltándose a la torera todos los procedimientos legales de oferta pública y méritos por oposición.

El corolario final del cacique fue colocar a su hijo al frente de la Diputación después de hacer renunciar a su cargo a diputados provinciales. Para más inri la voluntad de mantener la herencia familiar a largo plazo estaba muy presente: en ese congreso se llegó a presentar a la nieta adolescente de Baltar como continuadora de la saga. Como vemos, unas insolentes prácticas clientelistas en toda regla que podrían ser extraídas de cualquier república bananera, y que nos recuerda vivamente a la España franquista mucho más reciente retratada de forma muy realista en la película Bienvenido, Mister Marshall de Berlanga.

Pero no nos engañemos, estos abusos de autoridad por parte de los políticos en el ejercicio de sus funciones, como si de los dueños de un cortijo se tratasen, se deben a la degeneración de un sistema autonómico que está presentándose como sangrante para un país en plena crisis económica. La dejación, la ausencia de control y vigilancia por parte de las autoridades centrales, ha permitido que se erigiesen pequeños caciques que dentro de su parcela autonómica, provincial o municipal ostentan el poder como auténticos gerifaltes. Su elección en unos comicios no debería ser nunca un pretexto para hacer lo que les venga en gana a estos señores. Han sido elegidos, sí, pero para servir al ciudadano, no para servirse a ellos mismos ni a sus amigos y familiares.

El caso del patriarca Baltar es sólo el ejemplo (cual punta del iceberg) de tantísimos otros que lamentablemente día a día desgrana y continuará haciéndolo la prensa (unos más sensacionalistas y escandalosos que otros), que afecta a todos los colores políticos y de los que no se libra ninguna comunidad autónoma. Múltiples casos, muchos de ellos extravagantes y de auténtico cariz folletinesco, donde miembros de la llamada "casta política" ejercen prácticas al límite de las leyes o sobradamente delictivas, como la extorsión, la prevaricación, el soborno, la compra de voluntades, el despilfarro presupuestario en beneficio personal o familiar, el cobro de comisiones, el fraude inmobiliario... En suma, las múltiples variantes de la ya tan familiar por continuada y generalizada corrupción política. Todo por el simple y mero objetivo de mantenerse aferrados a perpetuidad a la silla del poder, cual dictadores o monarcas absolutos. Diferentes regímenes, pero misma esencia.